Después de casi dos años de investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas sobre la fortuna atribuida a Juan Carlos I. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran que la imposibilidad de perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación, las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el rey emérito.

¿Cuáles eran las líneas de investigación abiertas sobre el rey emérito?¿Por qué se han archivado? ¿Queda algo pendiente? El jefe de investigación de EL PAÍS, José María Irujo, y la corresponsal de tribunales, Reyes Rincón, han estudiado todas las diligencias y responden a estas preguntas.

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