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Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación.
1.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EFICACIA, JERARQUÍA, DESCENTRALIZACIÓN,
DESCONCENTRACIÓN Y COORDINACIÓN.
Cuando hablamos de principios de actuación de la Administración Pública hacemos referencia al resultado que se
produce cuando la organización administrativa se contempla desde el punto de vista del Derecho.
El Artículo 103.1 de la actual Constitución, dispone que “la Administración sirve con objetividad los intereses generales
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.
1.1. Estudio detallado de cada uno de los principios constitucionales
La lectura del anterior artículo constitucional nos muestra cinco principios de actuación de la Administración Pública:
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Además de estos principios, también contiene la manifestación de que “la Administración sirve con objetividad los
intereses generales...”.
El principio de objetividad, de gran importancia práctica y en virtud del cual la Administración ha de atender al
administrado de forma imparcial, se concreta a través de dos vías previstas en nuestra Carta Magna:
a) El acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
b) La remisión a la ley de la regulación de las garantías que tienden a lograr la imparcialidad de los funcionarios en el
ejercicio de sus cargos.
Tras realizar la salvedad anterior, analizaremos a continuación los restantes principios constitucionales mencionados.
1.1.1. EFICACIA
La eficacia administrativa se contempla como verdadera directriz de actuación de las Administraciones Públicas, lo que
quiere indicar que éstas deben actuar de manera eficaz.
En definitiva, la eficacia postula una correlación necesaria entre medios y fines que permite conocer el nivel de
satisfacción de las necesidades públicas y el grado de cumplimiento de los programas y objetivos por parte de los
poderes públicos.
1.1.2. JERARQUÍA
La jerarquía administrativa se puede definir como aquella estructuración que se efectúa de los distintos órganos de
un mismo ramo de la Administración dotados de competencia propia, mediante su ordenación escalonada, en virtud
de la cual los superiores dirigen y fiscalizan la conducta de los inferiores y resuelven, en su caso, los conflictos entre
los mismos al objeto de conseguir la unidad en la actuación de todos ellos.
De ello se deduce que para que exista jerarquía es necesario que se establezcan relaciones entre órganos del mismo
ramo de la Administración.
Desde el punto de vista objetivo, para que pueda hablarse de jerarquía será necesario que los órganos que se
contemplan tengan una esfera de competencia propia.
Por otra parte, el principio de jerarquía, al establecer las relaciones interorgánicas de superioridad y subordinación,
da origen a la posibilidad de ejercer potestades de muy diversa índole –de mando, reglamentarias, sancionadoras,
etc…– que difícilmente pueden reconducirse a una sola potestad.
Además de la propia Constitución, en otras normas jurídicas inferiores existen numerosas manifestaciones del
principio de jerarquía, aunque quizá la más clara referencia se encuentre en el Art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP):
“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la
Ley y al Derecho.
Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
f) Responsabilidad por la gestión pública.
g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.”
1.1.2.1. Potestades que surgen de la relación jerárquica
Como antes vimos, el plano superior en el que se sitúa el órgano investido de tal grado jerárquico respec
