El Gobierno se ha refugiado tras el Tribunal Constitucional y ahora pretende hacerlo lanzando al vacío a la sociedad civil. Una sociedad civil no independentista a la que ha dejado en la más absoluta orfandad.

La solución al “procés” no es única y exclusivamente jurídica, como se encargó de recordar el Presidente saliente del Tribunal Constitucional. Tampoco puede partir exclusivamente de una sociedad civil que, tras años de desamparo, desconfía, como no puede ser de otra forma, del apoyo gubernamental. La solución al “procés” recae, esencialmente, en la jefatura del Gobierno, que es a la que nuestro ordenamiento jurídico dota de herramientas suficientes, contundentes y claras para acabar con este desvarío.

La Constitución atribuye al Gobierno una herramienta que es la única que se revela eficaz en este momento para acabar con estos largos años de desquiciamiento jurídico, político, social y económico en Cataluña. Concretamente, nos referimos al artículo 155 de la Carta Magna, que puede ser tan somero como queramos o tan quirúrgico como sea necesario. Cuanto más tarde el Gobierno en aplicarlo, más quirúrgico tendrá que ser.

En este sentido, se requiere que el Gobierno (poder ejecutivo), sin más dilación, inicie el procedimiento previsto en la Constitución específicamente para afrontar este tipo de situación, cual es el artículo 155, como venimos reclamando la gran mayoría de juristas desde hace ya algún tiempo. A mí el día 1 de octubre me ha preocupado, pero me preocupa mucho más el día 2, el 3 el 4 y los días sucesivos, por lo que, cuanto antes iniciemos la tramitación para suspender la autonomía de Cataluña, que está en manos d un Gobierno que se ha situado deliberadamente al margen de la Ley, antes podremos solucionar el conflicto usando las múltiples posibilidades que el citado precepto constitucional otorga al Gobierno.

El artículo 155 de la Constitución, tanto en el fondo como en la forma, es la herramienta más democrática para atajar el grave problema de convivencia que el separatismo ha creado.

Recordemos, que, además, la aprobación definitiva de su utilización se lleva a cabo por el Senado, que es la cámara de representación territorial, por lo que es difícil imaginar un instrumento legal con mayor legitimidad democrática para enfrentarse a los rebeldes.

Antonio Alonso Timón, Doctor en Derecho y Profesor Universitario

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