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La Guardia Civil en la denominada operación “Esculano-Cooper-22, ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo en grandes cantidades de cable de cobre en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, procediendo a la detención de 23 personas, de los cuales 13 han ingresado en prisión.
Durante la operación se han realizado 16 registros en las localidades sevillanas de Guillena, Camas y Sevilla capital, donde se han aprehendido 3,2 toneladas de cobre, 70.865 euros en metálico, múltiples herramientas específicas para el robo de este material, maquinaria especializada para el tratamiento del cobre, un escopeta del calibre 12 que se encontraba sustraída, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas valorados en 109.000 euros, además de 9 vehículos y útiles para la comisión de los delitos.
Los investigadores han esclarecido hasta la fecha un total de 103 delitos de robo cometidos por valor de 1.300.000 euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos
La investigación se inició a principios de este año, cuando en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén, se detectaron varios robos con fuerza cometidos en instalaciones de generación eléctrica y otras empresas que necesitan grandes cantidades de cable de cobre para desempeñar su actividad industrial.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que por las características de los robos cometidos podría tratarse de un grupo de personas con cierto nivel de especialización, que podrían conformar una organización criminal de carácter itinerante, especializado en este tipo de robos.
Asimismo, los agentes pudieron constatar que los daños provocados en los robos dejaban paralizadas instalaciones generadoras de energía limpia o las cadenas de producción de empresas durante el tiempo que se reponía el material de cobre robado, dejando incluso a varias poblaciones sin alumbrado eléctrico durante días, con el grave perjuicio que ocasionaba a las personas y empresas afectadas.
La organización criminal, estaba perfectamente estructurada y jerarquizada e integrada por distintos clanes o familias provenientes de países del Este, que se dedicaban a cometer los robos, mientras otro grupo regentaba desguaces o chatarrerías, donde compraban los efectos sustraídos, consiguiendo de esta manera suculentos beneficios de los ilícitos. Todo este entramado criminal estaba asentado en Sevilla capital y otras poblaciones cercanas.
Dicha organización cometía, al menos, un robo cada semana. Cuando anochecía se desplazaban en un vehículo, que hacía de lanzadera para avisar de posibles controles policiales, y en una furgoneta transportaban el material sustraído. Cabe destacar que la red, llegaba a recorrer más de 700 kilómetros para cometer los robos. Asimismo, no tenían reparo en robar a una misma empresa varias veces ya que contaban con la información previa sobre sus medidas de seguridad, vías de acceso y de huida.
En uno de los robos que estaba cometiendo la organización en una planta fotovoltaica ubicada en la población de Villacarrillo (Jaén), la organización se vio sorprendida por una patrulla de la Guardia Civil, dejando abandonado el botín y logrando huir del lugar, para volver una semana más tarde a consumar el robo que habían intentado cometer con anterioridad.
Tras los robos, los miembros de la organización encargados de la receptación del material sustraído compraban el cobre y lo introducían en el mercado legal a través de una empresa de Recuperación de Metales y Residuos ubicada en la localidad de Guillena (Sevilla). Este grupo revendía el cobre robado a más del doble del precio que lo compraban, obteniendo grandes beneficios por ello.
Los integrantes de esta red criminal llevaban un alto nivel de vida, exponiendo en conocidas redes sociales el dinero que gastaban en hoteles de lujo, fiestas, joyas, etc. Cabe descartar, que varios de los detenidos cuentan con más de 90 antecedentes por la comisión de hechos similares, por lo que conocían perfectamente los protocolos de investigación policial, guardando de esta manera numerosas medidas de seguridad, alternando su residencia e identidades tanto en España, Francia y Portugal.
Debido a la gran movilidad de los miembros de la organización se ha solicitado a la Fiscalía de Cooperación Internacional la emisión de varias órdenes europeas de detención (OED), para proceder a la detención de varios de los miembros de la organización que en el momento de la explotación se encontraban localizados por los investigadores en Portugal, Francia y Rumanía.
A los detenidos se les imputa la supuesta comisión de los delitos de robo con fuerza, receptación, blanqueo de capitales procedentes de otros delitos, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado civil, tenencia ilícita de armas y estragos.
