La propuesta busca reformar el artículo 34 para extender la definición de la legítima defensa. En líneas generales, esto quiere decir que anulan penas ante situaciones de riesgo, al punto de llevarlas a hechos de no imputabilidad. Es decir, se flexibiliza la posibilidad de que alguien pueda defenderse ante determinadas situaciones delictivas.

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