La dictadura oficializó en La Gaceta, diario oficial, la potestad constitucional de despojar de la nacionalidad a cualquier nicaragüense que sea declarado “traidor a la patria” por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una aberración jurídica que intenta justificar la represión política, violando la misma Constitución Política del país, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y diferentes convenios internacionales contra la apatridia de la que Nicaragua es suscriptora.
Conversaremos sobre este tema con el abogado especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda, para analizar las consecuencias jurídicas internacionales de esta política de represión, y las alternativas de justicia para las víctimas en los tribunales internacionales.
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