El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha visitado hoy la Mina de Riotinto, de Atalaya Mining, en Huelva acompañado por el director general de Minas, Jesús Portillo; la delegada territorial de la Consejería en Huelva, Lucía Núñez; y el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira.

Durante su visita, el consejero ha anunciado que la Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minas, ha aprobado la actualización del proyecto de explotación vigente de la Mina de Riotinto y su plan de restauración, que supone extender la vida de la explotación ocho años más, hasta 2031, un nuevo diseño para la gestión de los estériles de mina que prevé su reutilización en la corta minera, así como el recrecimiento del depósito de estériles de proceso.

Jorge Paradela ha destacado que la autorización de la actualización de este proyecto minero supone "garantizar y prolongar en el tiempo la vida de una explotación que da empleo a 1.100 personas y que ha supuesto una inversión acumulada desde el inicio de su actividad superior a los 400 millones de euros". Además, va a permitir el tratamiento de 15 millones de toneladas de mineral al año que serán esenciales para asegurar el suministro de materias necesarias para la descarbonización de la economía y el proceso de transición energética hacia nuevas tecnologías más limpias, ha señado.

Durante la tramitación del expediente se ha procurado maximizar las garantías de seguridad operacional y ambiental como principio irrenunciable. Así, y yendo más allá de los requisitos legalmente establecidos, la Secretaría General de Industria y Minas ha contado con organismos científico-técnicos de referencia como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid al objeto de valorar con el máximo rigor el proyecto. En este sentido, las recomendaciones realizadas por dichos organismos han sido incorporadas en el condicionado de la resolución de autorización.

La Junta de Andalucía, en coherencia con este planteamiento, ha prestado especial atención a la garantía de la seguridad operacional de las instalaciones de residuos de tratamiento y, así, ha desplegado una serie de medidas adicionales que van más allá de las rigurosas prescripciones impuestas por la legislación reguladora en la materia. En concreto, el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 4 de julio aprobó el Decreto 167/2023, por el que se crea y establece la regulación de la Comisión de Expertos para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía.

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