De acuerdo con el decreto 1166 del 2016, damos respuesta verbal a una solicitud de aclaración de una petición del ministerio de relaciones exteriores. De igual forma, solicitamos a la Fiscalía que asigne el Número Único de Noticia Criminal para las denuncias penales por el delito de prevaricato al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Colombia, teniendo en cuenta lo planteado en esta respuesta verbal, la cual se puede escuchar en este enlace: [ Ссылка ]
Dando un ejemplo concreto frente a la respuesta de un correo del ministerio de relaciones exteriores, se evidencia claramente cómo se han omitido y retardado las respuestas a solicitudes y peticiones, vulnerando mis derechos como ciudadano colombiano en el exterior. Además, se ha bloqueado mi comunicación con el Ministro de Relaciones Exteriores, lo cual demuestra una clara intención de obstruir mi derecho a recibir respuestas y protección.
De acuerdo con la Ley, tanto Cancillería como la Defensoría del Pueblo tienen la responsabilidad de formular y ejecutar actividades de protección de los derechos de los colombianos en el exterior, así como de ejercer acciones pertinentes ante las autoridades competentes. Sin embargo, hasta la fecha, no han realizado ninguna actividad concreta para proteger mis derechos y los de otros ciudadanos colombianos que hemos padecido violaciones de derechos humanos en Colombia y el exterior.
Por dar un ejemplo simple, se ha violado mi derecho a la propiedad privada al retener mi pasaporte y mi maleta, lo cual ha generado una situación de vulnerabilidad y dificultades para mi vida diaria. Asimismo, se ha negado el acceso a la justicia al no proporcionar información sobre cómo presentar una tutela en el extranjero, dejándonos desprotegidos y sin conocimiento de nuestros derechos.
Es importante destacar que estas acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos y un incumplimiento de sus funciones como servidores públicos. Según el Código Penal, el delito de prevaricato conlleva penas de prisión y multas, así como la prohibición de ejercer cargos públicos.
Por lo tanto, solicitamos que se inicie investigaciones penales sobre estas acciones y se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos en el exterior. Asimismo, solicito que estas entidades del estado, hagan todas las gestiones necesarias para que se me restituyan mis documentos y los de otros colombianos en el exterior y se nos brinde la asistencia necesaria.
Espero que tomen esta denuncia con la seriedad y la urgencia que merece, ya que mi vida y la de otros ciudadanos están en riesgo debido a la falta de protección y respuesta por parte de las entidades responsables.
