La tan anunciada reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro ha resultado ser más un pantano que un avance para los campesinos colombianos. Promesas de tierras fértiles se han convertido en parcelas inundadas e inservibles, compradas a precios inflados por intermediarios corruptos. Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, asegura que en estas tierras se pueden realizar "actividades ampas", lo que en su versión significa sembrar en verano y pescar en invierno. Sin embargo, la cruda realidad es que estas tierras, lejos de ser un sustento para los campesinos, solo sirven para enriquecer a unos cuantos comisionistas y funcionarios sin escrúpulos.
El escándalo se extiende más allá de Majagual, Sucre, con ejemplos similares en Bolívar y Cesar, donde tierras valoradas originalmente en 6 millones de pesos por hectárea, fueron vendidas al gobierno por 20 millones, dejando a los verdaderos propietarios con pérdidas y a los campesinos con tierras inútiles. Este "regalo envenenado" ha desatado la indignación y el desencanto entre quienes esperaban un cambio real.
La reforma agraria de Petro, en lugar de ser el ansiado cambio, ha resultado ser otro capítulo más en la larga historia de corrupción que asola a Colombia, dejando a los campesinos en el olvido y a los corruptos llenándose los bolsillos.
