A 11 años del caso Pomar, la cámara federal en lo contencioso administrativo de San Martín responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires por la muerte de la familia y le ordenó indemnizar a los familiares de las víctimas. María Cristina Robert, la mamá de Gabriela Viagrán, víctima y madre de la familia que murió, había interpuesto una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia y por daño moral contra la fiscal general Amalia Rava, por presunto "incumplimiento irregular, tardío o defectuoso de sus funciones. El tribunal responsabilizó a vialidad bonaerense por el mal estado de la ruta 31. Según el veredicto, en 2009 cuando ocurrió el accidente, presentaba hundimiento de la cinta asfáltica que ocasionaban el estancamiento de agua y la calzada no se encontraba señalizada ni demarcada. Además, la línea de la banquina prácticamente era inexistente y no había señalización que indicara la existencia de una curva.
