La movilización contra la reforma de la ley del aborto en España saltó a las calles de Bruselas...
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La movilización contra la reforma de la ley del aborto en España saltó a las calles de Bruselas el pasado miércoles.
Cerca de dos mil personas, según cifras de la policía, se manifestaron en la capital belga bajo el lema 'En apoyo a las mujeres españolas y por el derecho a abortar en Europa'.
A la protesta, convocada por el Partido Socialista belga y numerosas asociaciones que defienden el derecho a decidir, acudieron hombres y mujeres sin ningún tipo de afiliación política. Es el caso de esta joven lituana:
"Estoy aquí porque en Lituania estamos en una situación muy parecida. En estos momentos se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto".
Para algunos manifestantes, como esta mujer, la solución pasa por inscribir el derecho al aborto en la Constitución. Una propuesta que parece poco viable dada la disparidad de las legislaciones nacionales en los 28. El Parlamento Europeo está dividido en dos: la izquierda y los liberales, que consideran que los retrocesos en materia del aborto competen a toda la Unión, frente a la derecha y los euroescépticos, que defienden el derecho de cada país a legislar sobre este asunto como crea oportuno.
La fractura en Estrasburgo corresponde a un panorama legislativo muy diverso. Aunque la mayoría de los países europeos reconocen el derecho al aborto, en otros se permite solo en algunos supuestos como en casos de violación, riesgos para la salud física o psíquica de la mujer o malformación del feto.
En Chipre es ilegal, excepto en caso de violación y en Malta es un delito penado con hasta 3 años de cárcel.
El caso de España es particular, puesto que con la reforma pasará de la legislación de plazos aprobada por el Gobierno socialista de Zapatero en 2010, a una de supuestos con más trabas que la primera de la democracia, la de 1985.
En Irlanda cada año, entre 4.000 y 7.000 mujeres viajan al vecino Reino Unido para abortar. Un trágico suceso, la muerte de una joven que no pudo abortar, propició el pasado julio una leve flexibilización de la ley que ahora permite interrumpir el embarazo en caso de riesgo vital para la mujer. Una iniciativa recibida con manifestaciones de protesta por parte de los grupos antiaborto.
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