Inasequible al desaliento, pero sin grandes expectativas, ha pedido el juez Llarena explicaciones a los Mossos d'Esquadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo planificado para arrestar a Puigdemont la pasada semana, cuando el golpista entró en Barcelona, soltó un discurso encaramado a una tribuna cercana al Parlament y se marchó tan pancho, sin ser arrestado.
Ni en las calles de la Ciudad Condal, ni en las carreteras catalanas por las que circuló sentado en la parte de atrás de un coche, ni en la frontera con Francia.
El apalominado Marlaska podría haber contestado que se limitó a cumplir las órdenes de Sánchez y que su jefe había pactado con Puigdemont que nadie le tocaría un pelo, pero se ha apresurado a responder que ofreció a los Mossos "apoyo operativo”, aunque la policía autonómica catalana no requirió sus servicios.
¡Manda huevos!
La excusa de Interior deja en evidencia una pavorosa dejación de funciones, un insólito desistimiento y un absoluto incumplimiento del deber.
Debe pensar Marlaska que el juez Llarena, compañero suyo de profesión, se chupa el dedo y se va a tragar que la seguridad en Cataluña es absolutamente ajena a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
Cierto que vamos camino de ello, pero de momento las fronteras españolas y en concreto la de La Junquera, por la que Puigdemont salió de España camino de la belga Waterloo, no está oficialmente en manos de los separatistas; que yo sepa.
No poner en alerta ni a la Policía, ni a la Benemérita, ni al CNI, cuando el fugado anunció a bombo y platillo que se venía para Barcelona, dando hasta fecha y hora exacta, en la que iba a soltar su filípica, no sólo es una insultante negligencia.
Atribuir toda la responsabilidad en la pifia a los Mossos, cuerpo trufado de independentistas, que se negó a intervenir en los operativos contra el referéndum ilegal de 2017 y facilitó el golpe de Estado es una insensatez y un derroche de caradura que debe tener consecuencias políticas y judiciales.
Los siete diputados que la derechona de JUNTS tiene en el Congreso de los Diputados son esenciales para que Sánchez pueda seguir durmiendo en La Moncloa y esa es la razón, la única, por la que se permitió a Puigdemont montar su circo y ridiculizar al Estado de Derecho, al Gobierno de España y a las fuerzas de seguridad.
No se hasta dónde están dispuestos a ir Llarena y otros jueces, pero lo que han hecho Sánchez, Marlaska, Margarita Robles y compañía se tipifica en el artículo 404 del Código Penal como prevaricación.
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