La operación encubierta, denominada Flechazo al Crimen, responde a las quejas de ciudadanos de Cayey sobre disparos constantes que sembraban el terror en la zona
Una investigación, a cargo de agentes encubiertos, del Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia logró dar con el origen y los autores de las detonaciones continuas que, a cualquier hora del día sembraban el terror entre las comunidades de Cayey y provocaron que los residentes clamaran por la intervención de las autoridades.
La pesquisa culminó hoy, en el marco de la celebración del Día de San Valentín, con el diligenciamiento de 15 órdenes de arresto de un grupo de personas vinculadas al tráfico de armas, la venta de drogas y la comisión de crímenes violentos. Como parte del operativo denominado Flechazo a la violencia, además se confiscaron 20 armas de fuego, 13 de las cuales fueron adquiridas por la Policía en el proceso investigativo, así como diez vehículos, involucrados en las transacciones y arrestos.
Según informó el Comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, la investigación arrojó que los arrestados se dedicaban a probar las armas de fuego, realizando disparos al aire, como parte de su estrategia de mercadeo y venta ilegal a los potenciales clientes, lo que explica la mayoría de las detonaciones que continuamente se escuchaban en Cayey.
Este agregó que la operación, que requirió de una inversión de $55,706, logró destapar el “modus operandi” de estos sujetos, quienes, en su afán de lucrarse por la vía fácil, realizaban detonaciones constantes, poniendo en riesgo la vida de vecinos y alterando la paz de comunidades enteras.
“Respondimos al llamado de los ciudadanos. Por espacio de seis meses, nuestros agentes trabajaron arduamente para acabar con la actividad ilícita de estos individuos y lograr las órdenes de arresto que se diligenciaron en el día de hoy. Esta operación nos permitió recopilar evidencia sólida que estamos confiados en que resultará en la convicción de los imputados”, declaró el comisionado de la Policía.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, detalló que, por estos hechos, la División para Combatir el Crimen Organizado y las Drogas, adscrita a Justicia, formuló 62 cargos por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.
“El Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía estamos combatiendo la criminalidad. Juntos estamos desarticulando y procesando organizaciones que cometen crímenes violentos, pero también utilizamos mecanismos de justicia terapéutica con aquellos cuya conducta delictiva está motivada por el uso de sustancias controladas. Esa es nuestra función y la estamos cumpliendo cabalmente”, afirmó Emanuelli.
“Muchas veces la violencia y la criminalidad tienen su origen en etapas tempranas de la vida del ser humano. Es sumamente importante trabajar en la prevención, pero también es necesaria la labor que realizamos las agencias de ley y orden al procesar de manera firme a quienes pretender sembrar el terror en nuestras comunidades. Mientras exista la conducta criminal, no descansaremos en nuestra misión de procesarla con todo el rigor de que exige la ley”, agregó Emanuelli.
La jueza Evyanne M. Mártir Hernández, de Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa para arresto en ausencia contra los imputados y les fijó fianzas por la suma global de $2,860,000.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres sostuvo que “en el Departamento de Seguridad Pública estamos enfocados en apoyar sin reservas operativos como este donde el Negociado de la Policía diligenció esta madrugada 15 órdenes de arresto desmantelando una organización dedicada al tráfico de armas ilegales en el área policíaca de Caguas. No escatimaremos en asignar los recursos y tecnología necesaria para atacar el crimen organizado en todas sus dimensiones”.
Según explicó el director de la Superintendencia de Operaciones Especiales, a cargo de la investigación, el coronel Carlos Cruz, nueve de los arrestados participaron en las transacciones de ventas de armas a los agentes investigadores. Entre estos, hay siete personas con historial criminal y dos de ellos, disfrutaban del beneficio de una probatoria en la esfera federal al momento de participar de las actividades delictivas, que condujeron a sus arrestos. Estos son es Eliezer Rosado Rivera, alias “Buho” y Diego Fernández Santos. Este último, a pesar, estar cumpliendo sentencia a través de una probatoria federal por narcotráfico y violación a la Ley de armas, se dedicaba a la venta y distribución de cocaína a razón de $12,000 a $16,000 el kilo.
