La Cámara de Senadores aprobó hoy, y giró a Diputados, un proyecto de ley para regular la Publicidad Oficial, estableciendo que quienes pretendan recibir pauta del gobierno deben inscribirse en un Registro Nacional Público a tal efecto.
El objetivo de la norma es fijar criterios para la asignación y la regulación de la publicidad oficial, como por ejemplo el alcance del medio de comunicación, la "pertinencia del mensaje", la "zona geográfica", el "federalismo" y la "pluralidad de voces", entre otros factores.
Por otro lado, la iniciativa dispone que se fijarán sanciones a los medios o soportes que se inscriban en este registro con información falsa, dado que los datos provistos tendrían el carácter de una declaración jurada.
La autoridad de aplicación estará obligada a desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial donde quede enunciada cada campaña de comunicación y, a su vez, deberá elaborar un informe semestral para poner bajo consideración del Congreso.
Además, se acordó una reserva para emergencias equivalente a un 10 por ciento del presupuesto total previsto para la pauta oficial, para los casos que no estén contemplados en el Plan Anual, como catástrofes naturales o alteraciones del orden social.
El texto también indica que la autoridad de aplicación no podrá contratar campañas de publicidad oficial en los períodos electorales nacionales.
El proyecto fue defendido por la presidenta de la Comisión de Medios, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner, quien afirmó que fomentará “el federalismo y la pluralidad de voces”.
Sin embargo, su compañera de bancada, la santacruceña María Labado, pidió la palabra para acusar al gobierno nacional de favorecer al Grupo Clarín con la pauta publicitaria “fomentando la concentración mediática”.
El desafío fue tomado por el pampeano Juan Carlos Marino, quien recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se benefició a grupos periodísticos “como el Grupo Szpolsky que cobró 800 millones de pauta, no hicieron los aportes y, cuando debieron regularizar su situación, se mandaron a mudar y dejaron a los trabajadores de prensa sin cobrar”.
El bonaerense Jaime Linares, de GEN, reconoció que el proyecto haya sido propuesto por el oficialismo “porque esta ley, en otro momento político, no se hubiera podido ni tratar”.
Finalmente, el radical Luis Naidenoff opinó que “este año se ha dado un salto de calidad en materia institucional” y destacó “siempre ha existido la tentación de manejar el aparato comunicacional, sobre todo en los últimos años”.
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