La semana que recién concluyó, mientras se desarrollaba la IX Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, donde el gobierno de Estados Unidos buscaba acuerdos para frenar los flujos migratorios, la ciudad de Tapachula, donde durante los últimos tres años el gobierno mexicano ha decidido contener a los extranjeros que buscan llegar a la frontera norte del país, comenzó a desbordarse: una columna de alrededor de 10,000 venezolanos, cubanos, centroamericanos y africanos avanzó rumbo a la frontera norte del país, con el objetivo de ingresar a territorio estadounidense.

La caravana de extranjeros, que para el viernes ya se había fragmentado sobre las carreteras del sur del país, es la manifestación de un problema mayor. De acuerdo con la organización dedicada a la investigación sobre derechos humanos en América, WOLA, académicos y especialistas consultados por este periódico, los prolongados tiempos de espera a los que obligan a los migrantes que buscan se les reconozca la condición de refugio, así como la decisión de la autoridad de contenerlos en el sur del país, generó una crisis humanitaria.

Por su parte Alejandra Macías Delgadillo, directora ejecutiva de Asylum Acces, llamó la atención que en la mayoría de los casos de las personas que han ingresado a México en los últimos meses, son personas que buscan protección internacional.

“Están huyendo de sus países por los contextos de violencia que padecen. Por ello, es muy importante que el gobierno mexicano tenga protocolos para poder identificar a quienes puedan calificar para obtener la condición de refugiado”, recalcó.

La especialista recordó que el gobierno mexicano ha asumido compromisos específicos en esa materia, al ratificar convenios y tratados internacionales, como la convención de 1951, que obliga a los gobiernos a garantizar el principio de no devolución a un país donde su vida estuviera en riesgo.

“En la práctica esto no se está llevando a cabo, porque quienes están haciendo las detenciones son tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración, quienes no cuentan con estos protocolos y no dan acceso al procedimiento y, por lo tanto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no puede hacer una evaluación de quienes sí pueden ser reconocidos como refugiados o bien sujetos de la protección complementaria”.

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