El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta legal en Argentina que otorga al presidente de la Nación la facultad de dictar medidas con fuerza de ley en situaciones extraordinarias y urgentes. Esta figura está contemplada en la Constitución Nacional, específicamente en su artículo 99, que establece que el presidente puede expedir decretos en cuestiones no regladas por la Constitución con fuerza de ley, siempre que exista una situación de necesidad y urgencia.
El DNU permite al Poder Ejecutivo actuar de manera rápida y efectiva en circunstancias críticas, evitando el proceso legislativo convencional, que podría ser más lento y menos ágil. Sin embargo, su uso está sujeto a ciertos límites y condiciones, como la posterior ratificación por el Congreso Nacional, que debe evaluar y aprobar o rechazar las medidas implementadas a través del decreto.
Este instrumento legal ha sido objeto de debate en la sociedad argentina, ya que su aplicación implica una concentración de poder en el Ejecutivo y puede generar tensiones en términos de separación de poderes. Algunos críticos argumentan que su uso excesivo puede socavar el sistema democrático al eludir la participación del Poder Legislativo en la toma de decisiones. A lo largo de los años, el DNU ha sido utilizado en diversas situaciones, desde crisis económicas hasta emergencias sanitarias, generando un amplio espectro de opiniones sobre su conveniencia y legalidad.
