La firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica ha provocado unas inéditas protestas en Panamá que han dejado varios heridos, decenas de detenidos, choques entre policías y manifestantes y el cierre de carreteras importantes en todo el país. Los gritos de repudio han llegado hasta las puertas del Hotel Marriot de la capital, donde ministros de Ambiente, miembros de ONGs y tomadores de decisiones de la región se reúnen con motivo de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe.
“Cambio climático y minería matan”, se leía en una de las pancartas de los manifestantes que se acercaron al evento en rechazo al contrato minero firmado entre el Estado y la empresa Minera Panamá – subsidiaria de la canadiense Firts Quantum Minerals -, aprobado como ley por el Gobierno de Laurentino Cortizo el viernes pasado. “El documento tiene lesiones al Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, critica Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.
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