En funciones desde el 4 de diciembre de 2018. Hace más de 4 años que el Partido Popular bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La última y vigésima, la reforma del delito de sedición.
En 2020 el PP rompía las negociaciones y se escudaba en que Podemos era un partido que atacaba la monarquía. “Han pedido que el rey abdique”, dijo el líder de los populares en aquel momento, Pablo Casado.
La justificación más usada por el PP fue la de la presencia de Podemos en el Gobierno. “Parece que Podemos ha doblado la apuesta y exige estar en esa negociación”. Casado exigía que sólo PP y PSOE tomaran parte en la negociación. “Ningún otro partido tiene que formar parte de esta negociación”, pidió. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Martínez-Almeida, hacía estas declaraciones en octubre de 2020: “Cuando se habla de cosas serias se necesitan partidos serios”. El PP estaba en bloque preparado para negarle a Podemos posibilidad de elección en las negociaciones. “Para Sánchez e Iglesias la separación de poderes cosiste en separar a los jueces que no les gustan de los que les gustan”, dijo en octubre también el senador del PP, Javier Maroto.
Tampoco les gustó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. “La fiscal general no cumple los requisitos”, se afanó en decir Casado.
Cuando en diciembre de 2020 el PSOE propuso limitar las funciones del CGPJ caducado para que no pudiera hacer nombramientos en la cúpula judicial, Casado llegó a denominar la propuesta un “atropello legal”.
En 2021, el PP llevó al Congreso una proposición de ley para que fueran los propios jueces quienes eligieran a los vocales del Consejo, pero el Parlamento lo tumbó.
El PP vetó a Vicky Rosell y José Ricardo de Prada, jueces de la órbita de Podemos, con la excusa de que se politizaba el órgano. En 2022, Feijóo, el actual líder del PP, reiteró la negativa a estos jueces: “Las personas que no cumplan los requisitos no pueden formar parte del CGPJ. Uno de los requisitos es de la despolitización”.
Ese mismo año el PSOE presentó una proposición de ley para que el CGPJ pudiera elegir a dos miembros del Tribunal Constitucional pese a estar en funciones. El PP de Feijóo lo criticó duramente y presentó un recurso ante el propio Constitucional.
El PP luchaba por no perder la mayoría tanto en el TC como en el CGPJ. La prensa de derechas llegó a afirmar que el Gobierno presionaba a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, prometiéndole un puesto en el Constitucional.
¿Y por qué tantas excusas? El PP ha buscado impedir una mayoría progresista en el Constitucional y en el órgano de gobierno de los jueces mientras desgastaba al Gobierno de coalición.
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