Yolanda Díaz se ha propuesta dar una vuelta completa al mercado laboral en España. Dice que quiere adaptarlo al modelo europeo, pero eso supone llevar al límite a los empresarios y fracturar la reforma laboral que Europa no quiere modificar más.

El Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, del que habla Díaz cada vez que tiene oportunidad, tiene objetivos dispares que no conocen ni los agentes sociales. En su momento, los grupos parlamentarios de izquierda presionaron para que se recuperasen los 45 días de indemnización por despido improcedente, pero la vicepresidenta se descolgó hablando de un «despido restaurativo y disuasorio».

Las alarmas saltaron entre los empresarios que ven como la izquierda sobreprotege al trabajador e impide o encarece los despidos. Aquello de los minijobs y la capacidad para cambiar de empleo o tener varios nunca salió adelante porque lo calificaron de trabajo basura. Tampoco en España había esa cultura laboral de moverse entre puestos a lo largo de la vida productiva.

La «mirada más ambiciosa en la indemnización» que demanda Díaz se trata de elevar el coste del despido en el caso de que un trabajador sea destituido en edades cercanas a la jubilación o cuando los años de cotización no son suficientes.

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