Durante más de 20 años no se supo nada de él. Casi no había dejado rastros. Para quien aportara datos sobre su paradero había una recompensa de 100.000 pesos. Pero la pista que condujo al ex cabo de la policía bonaerense Marcos Rodríguez, acusado por su presunta participación en la denominada "masacre de Wilde", fue un plan de pagos de una serie de multas de tránsito en la ciudad de La Falda, en Córdoba, donde vivía con su familia.
Rodríguez, de 50 años y que se había escapado caminando de una comisaría, fue detenido ayer en su "minimercado" de La Falda por detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa fuerza colabora con el juez Gabriel Vitale, quien en abril pasado se hizo cargo de la causa después de que la Suprema Corte de Justicia provincial revocara los sobreseimientos de ocho integrantes de la policía bonaerense.
"Vivía, con su mujer y sus tres hijos, cerca de su comercio. Pudimos llegar hasta él después de hacer una investigación de su entorno. Descubrimos un vehículo que podía ser de su mujer y que tenía multas de tránsito de la Municipalidad de La Falda, y el plan de pagos había sido firmado por una persona llamada Marcos Rodríguez. Después comprobamos que era el sospechoso buscado", sostuvo a LA NACION una calificada fuente de la investigación.
La denominada "masacre de Wilde", un emblemático caso de "gatillo fácil", ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando cuatro personas fueron asesinadas a balazos por integrantes de lo que en ese momento era la Brigada de Investigaciones de Lanús de la policía bonaerense, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, quien fue detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA. Hubo 270 disparos.
Anteayer, el magistrado Vitale, que está a cargo del Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, había hecho lugar al requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Sebastián Scalera sobre otros ocho acusados: el comisario inspector Eduardo Gómez; el comisario Roberto Mantel; el comisario Hugo Reyes; el capitán Osvaldo Lorenzón; los subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex policías Julio Gatto (ahora empleado) y Marcelo Valenga (hoy comerciante).
En el debate, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas logró sobrevivir. El juez Vitale rechazó los planteos de sobreseimiento y prescripción planteados por las defensas.
La masacre ocurrió cuando policías de investigaciones persiguieron a los ocupantes de dos autos "al confundirlos con los delincuentes" y los asesinaron a balazos.
Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, que logró sobrevivir.
Según informaron fuentes judiciales, al único que le pudieron comprobar una vinculación con policías fue a Bielsa. Durante más de 20 años se habló de numerosas hipótesis sobre las causas de la masacre. "Nunca se pudo comprobar nada, pero se dijo que los presuntos delincuentes que la policía perseguía se habían quedado con cinco kilos de droga o con un dinero de algún botín", sostuvo a LA NACION un calificado investigador de los hechos.
Además de los ocho policías que llegan a juicio y del ex cabo Rodríguez, hubo otros dos acusados que fallecieron: se trata de los ex policías César Córdoba y Carlos Saladino.
En 1995 fueron sobreseídos provisoriamente; tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003, volvieron a ser beneficiados por la misma medida y en 2007 les convirtieron el beneficio en definitivo.
En noviembre pasado, la Suprema Corte bonaerense revocó los sobreseimientos definitivos de Gatto y Dudek al entender que "aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos", lo cual permitió que la causa retomara impulso. Tras una presentación del abogado Ciro Annicchiarico, que representa a la familia Cicutín, fue analizado por la Comisión Intermeriacana de Derechos Humanos.
Cuando el juez Vitale se hizo cargo de la causa, le pidió al secretario de Seguridad, Sergio Berni, la colaboración de una fuerza federal y la tarea recayó en la PSA. "No queríamos que esto quedara impune", sostuvo a LA NACION una fuente oficial.
Fuente: La Nación
