Operación internacional en 14 países coordinada por INTERPOL

La Guardia Civil desarticula un importante grupo dedicado a la pesca ilegal en la Antártida

Se ha determinado que podrían haberse capturado de manera ilegal más de 3.500 toneladas de merluza negra

Se calcula que el beneficio obtenido puede superar los 10 millones de euros por temporada

Esta operación internacional ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del SEPRONA, con el apoyo de INTERPOL y bajo instrucción del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional

18 de marzo de 2016.- Durante el último año, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA de la Guardia Civil ha venido trabajando en la denominada “OPERACIÓN YUYUS” contra la pesca ilegal a nivel internacional, que ha culminado con 6 personas detenidas y otras 16 investigadas, la realización de 5 registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, así como la incautación de dinero y otros bienes de distinta naturaleza.

A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados llevaban a cabo diversas acciones ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en la Antártida. Su campo de actuación abarcaba, desde la práctica de capturas ilegales como actividad principal, a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos, estando pendiente esta investigación.

La Convención CCAMLR
Esta Convención internacional nació para proteger el espacio que comprende la Antártida y sus aguas circundantes, siendo el principal objetivo la preservación de los recursos vivos marinos antárticos. De hecho, el bien más preciado en las antípodas no es una especie concreta sino el delicado equilibrio biológico.

Los responsables científicos de la zona realizan constantes estudios y comprobaciones para establecer los niveles poblacionales de cada una de las especies, distribuyendo espacios en los que la pesca se autoriza con límites o restricciones concretas y otros en los que se excluye cualquier actividad pesquera.

España, parte en la Convención desde 1984, se compromete como tal a llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para conseguir los objetivos marcados. Entre esas acciones se incluye el desempeño de acciones judiciales y policiales como la que acaba de culminar la Guardia Civil.

Desarrollo de la Operación YUYUS

En marzo de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) informó a la Guardia Civil de las circunstancias que rodeaban la actividad de un grupo de armadores ubicado en Galicia responsable de diversas infracciones y sanciones, no sólo en España, sino también en otros países.

Desde ese momento, y en colaboración con la Subdirección General de Control e Inspección de Pesca, se inició una compleja operación que presentaba multitud de conexiones en distintos países y ámbitos delictivos.

Desde el primer momento se pudo contar con precisos informes técnicos aportados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entidad que ejerce la representación de España en la Convención CCAMLR.

Los informes del IEO permitieron establecer el "delito madre" de tipo medioambiental sobre el que se empezó a trabajar con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, siendo dicha Fiscalía la que encauzó finalmente la investigación a la Audiencia Nacional. Abiertas diligencias informativas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se empezó a trabajar policialmente con INTERPOL.

El proyecto SCALE –en materia de delitos pesqueros- de la Subdirección de Seguridad Ambiental de INTERPOL gestionó diversas reuniones internacionales para coordinar la acción de las autoridades competentes en los países afectados. Asimismo, obtuvo información de los investigados en los diferentes países donde operaban.

Miembros del SEPRONA y del MAGRAMA asistieron en agosto de 2015 a la reunión convocada en el Complejo Mundial de INTERPOL para la innovación de Singapur, en la que participaron representantes del propio país, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia.

En diciembre del mismo año, en la sede de la Secretaría General de INTERPOL en Lyon, una nueva convocatoria reunió a los investigadores españoles con técnicos de Noruega, Canadá, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Alemania y Senegal, país éste que desempeñaría posteriormente un importante papel en la investigación.

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