La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, de revocar el caso Roe contra Wade (1973) parte al país en dos en lo tocante a la posibilidad de acceder a un aborto legal. Los Estados gobernados por los republicanos podrán prohibir de inmediato la interrupción, e incluso perseguir penalmente a las mujeres, mientras que los territorios demócratas refuerzan su legislación para ofrecerse como refugio a aquellas que no puedan hacerlo en sus lugares de origen. Más de 36 millones de mujeres no podrán abortar legalmente, y ello afectará especialmente a las que pertenecen a minorías raciales, colectivos marginados y clases bajas.

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