Ciudadanos propone mejoras en la Ley de Inteligencia Artificial para cuidar el medio ambiente y promover su aplicación en la sanidad
La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís ha presentado el informe del que es ponente sobre la Ley de Inteligencia Artificial y ha explicado que dos de sus prioridades es que la norma tenga en cuenta los efectos negativos de la inteligencia artificial en el medio ambiente y nuevas medidas para promover su uso en el sector sanitario, “que requiere un gran esfuerzo en innovación”.
“La inteligencia artificial va a ser una gran oportunidad para la salud, el transporte sostenible, la agricultura, la neurotecnología... Y abre enormes puertas en la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Se estima que la inteligencia artificial puede ayudar a reducir del 15 al 20 por ciento de las emisiones globales”, ha explicado.
Susana Solís ha señalado que su informe recoge la preocupación por que la Ley no tenga en cuenta el potencial impacto negativo de esta tecnología en el medio ambiente y también en la salud mental. “Propongo que incluya el medio ambiente entre los ámbitos que requieren alto nivel de protección junto a la salud, la seguridad y la protección de los Derechos Fundamentales. Supondrá la clasificación como IA de de alto riesgo a los sistemas que pueden tener implicaciones negativas sobre el medio ambiente. He reforzado también el derecho a los mecanismos de reparación adecuados en caso de impactos negativos”, ha dicho.
La eurodiputada liberal ha advertido también sobre la importancia de no crear una carga administrativa demasiado grande al legislar. Por ejemplo, con respecto al llamado algoritmo verde, sin huella de carbono. “Podemos tener en cuenta la huella de carbono, pero puede crear demasiada carga administrativa. Y el consumo energía no viene marcado por el algoritmo sino por el ordenador o el sistema de datos, que se regulan por otro ordenamiento de maquinaria”, ha señalado.
En su informe, la eurodiputada incluye también mejoras para apoyar la innovación del sector sanitario y hacer interoperables los datos sanitarios. Además, propone una diferenciación entre el usuario principal y el usuario receptor final de datos, “porque no pueden tener los mismos deberes el médico que el paciente”.
Por otro lado, ha apostado por mantener la transversalidad de la Ley, que sea un paraguas para todas las normas sectoriales ya en vigor y para las futuras, como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. “Todas estas iniciativas deben alinearse con esta ley, para evitar duplicidades y descoordinación”.
El plazo para presentar enmiendas al informe de Susana Solís concluye el 19 de enero y la votación en Comisión del texto final tendrá lugar a mediados de marzo.
