Aprobada el 10 de diciembre de 1984, prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y, entre otras obligaciones, exige a los Estados partes que no devuelvan a las personas a países en los que haya razones fundadas para creer que corren peligro de ser torturadas.
Se encuentra conformada por 10 expertos independientes que se reúnen dos veces al año.
