Los usuarios no aguantan más abusos, tarifas por las nubes y fallas constantes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el país. Un mal que lleva más de cien años, con más de 170 proyectos de ley radicados, sin que aún se logre una solución real.

Por ello, radicaremos un Proyecto de Ley que amplía los derechos de los usuarios (Ley 142 de 1994); crea la “acción judicial de servicios públicos” para que la tutela y el derecho de petición no sean su única defensa; y añade estas medidas:

Reducir tarifas. Eliminar cobros injustos. Garantizar el “mínimo vital” de servicios públicos por incapacidad de pago. Tarifas diferenciales para tiendas de barrio y micronegocios. Fortalecer a "Vocales de Control". Y regulación especial a los medidores.

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