Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos llevan diez años buscándolos. Aunque el Gobierno reconoció un crimen de Estado por su desaparición y policías, militares y miembros de grupos armados están entre los acusados, diez años después no se sabe aún qué pasó con ellos. En vez de certezas sobre su paradero, el tiempo ha dejado una maraña de pistas y acusaciones de falsificación y ocultamiento de pruebas que apuntan al Ejército y a la Policía.
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