Pasada la campaña electoral, que veta cualquier anuncio por parte de las administraciones, este viernes han llegado dos de calado en el Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda: eliminar todos los pisos turísticos en la ciudad dentro de cinco años, y la modificación de la normativa que implementó la ex alcaldesa Ada Colau que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos que construyen a vivienda social. Las dos necesitarán apoyo político en el pleno, lo que a priori no será difícil, vistos los posicionamientos políticos de los partidos a la izquierda y derecha del gobierno municipal del PSC. Otra cosa será el frente judicial que con toda probabilidad abrirán los propietarios de las 9.600 licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur.

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