Las denuncias por demoras en el procesamiento de pruebas de COVID-19 en el país dejan ya 15 EPS con medidas cautelares, cinco en proceso de investigación de la Superintendencia de salud y anuncios de actuaciones fiscales desde la Contraloría. Además, hay cientos de casos de pruebas no tomadas y quejas por falta de coordinación de las EPS con sus laboratorios. ¿Qué hay detrás del represamiento en los diagnósticos?
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