El asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya (Guanajuato), la tarde del lunes, ha dado paso al reparto de culpas entre las autoridades federales y las del Estado respecto de quién es responsable de proteger la vida de los aspirantes a cargos de elección. Este ha sido uno de los procesos electorales más inseguros para los políticos y candidatos, que han sido puestos en la mira del crimen organizado. Horas antes de ser atacada a balazos en plena calle, Gaytán había declarado a la prensa que había solicitado protección, como parte del mecanismo diseñado por las dependencias de seguridad federales y estatales para cuidar a los aspirantes. Su asesinato puso de manifiesto las graves fallas de ese mecanismo institucional, y reavivó este martes la confrontación por el tema de la inseguridad entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario de Guanajuato, el opositor Diego Sinhue Rodríguez (del PAN), y su fiscal estatal, Carlos Zamarripa. “El gobernador gobierna, pero no manda”, ha afirmado el presidente en su conferencia matutina.
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