San Miguel Totolapan, Guerrero, el municipio en el que se perpetró la masacre que acabó con la vida de 20 personas, fue ampliamente vigilado por el Ejército por ser escenario de la disputa entre grupos del crimen organizado; en sus reportes internos, públicos tras la filtración de los activistas cibernéticos Guacamaya, la Sedena tenía conocimiento que personas que murieron en los hechos eran vigiladas al menos desde 2017
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