Quién era José Javier Salvador, el hombre que asesinó a la abogada que lo defendió en el juicio por matar a su mujer

Tras ser condenado en 2005 por matar a su mujer, se le prohibió acercarse a sus hijos y a sus suegros.

Mató a su mujer en 2003 y ahora ha asesinado a la abogada que lo defendió y con la que tenía una relación.


José Javier Salvador Calvo fue condenado por asesinar en 2003 con un rifle a su esposa, Susana Patricia Maurel, de 29 años y madre de tres hijos, en La Puebla de Híjar (Teruel).

Tal y como informa Heraldo de Aragón, un tribunal popular en la Audiencia de Teruel le condenó entonces a 18 años de prisión, sentencia que confirmó el TSJ de Aragón. Salvador, de 50 años y constructor de profesión, estuvo preso en la cárcel de Teruel entre 2003 y 2013, año en que fue trasladadoa al Centro de Inserción Social (CIS) de Zuera (Zaragoza), donde trabajaba y dormía en prisión. Desde enero de 2017 se encontraba en libertad condicional.

Desde entonces eran los servicios sociales los que se encargaban de su seguimiento y entrevistas y en 2021 hubiera logrado la libertad definitiva.

Durante el juicio que le condenó, su defensa argumentó que el agresor sufrió "un arrebato". Quien entonces fue su abogada defensora, Rebeca Santamalia Cáncer, se ha convertido este viernes en su segunda víctima al ser degollada en la noche de este jueves al viernes. El entorno de la abogada ha confirmado además que había una relación "sentimental" entre ambos.

Santamalia, de 47 años y madre de un hijo, fue hallada muerta este viernes en el piso de Salvador, que se suicidó tras cometer el crimen al arrojarse por el viaducto nuevo de la ciudad de Teruel.

Fue el marido de Santamalia quien alertó este jueves al 091, "preocupado" porque su mujer no había llegado a casa a las 21.00 h. La Policía habló entonces con el entorno de la víctima y se personó en un piso de una finca de la calle de Francisco Pradilla, propiedad de José Javier Salvador, sin que nadie respondiera a la llamada en la vivienda ni al teléfono.

A las 4.00 horas de este viernes, los agentes entraron finalmente al domicilio y hallaron muerta a la abogada zaragozana con heridas de arma blanca.

Horas antes, después cometer el crimen, José Javier Salvador fue avistado por una patrulla de la Policía Nacional en el viaducto de Teruel. Al ver a los agentes, el agresor echó a correr y se arrojó por el puente. Llevaba una gran cantidad de dinero y no portaba documentación alguna, pero los agentes le han identificado por las huellas.

Se le prohibió acercarse a sus hijos

La Audiencia Provincial de Teruel condenó en abril de 2005 a José Javier Salvador Calvo a la pena de 18 años de prisión como autor responsable de un delito de asesinato en la persona de su mujer y se le impuso una pena accesoria, prohibiéndole aproximarse a sus hijos, entonces menores de edad, a sus suegros y a sus cuñados durante un periodo de cinco años. La sentencia le prohibió también, por el mismo espacio de tiempo, acudir a las localidades de La Puebla de Híjar y de Híjar (Teruel).

El hombre se encontraba ahora en libertad condicional y se le había concedido el tercer grado penitenciario en 2011, disfrutando desde ese momento y durante cinco años de innumerables permisos fuera de la prisión de Teruel en régimen de semilibertad y había mantenido su trabajo con regularidad.

En 2015, y ante la negativa de instituciones penitenciarias a concederle la libertad condicional, José Javier Salvador presentó recurso ante el juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón, quien desestimó su recurso denegándole, por tanto, la medida cuando llevaba cumplidas las dos terceras partes de la condena.

Un año después, en 2016, José Javier Salvador, por medio de su letrada Rebeca Santamalia, volvió a solicitar la libertad condicional y nuevamente presentó recurso ante el mismo juzgado. En un auto dictado en diciembre de 2016 el juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Aragón, entendiendo que había cumplido las tres cuartas partes de la condena y que cumplía con todos los demás condicionantes que la ley impone, acordó concederle la libertad condicional, constatando además que en los cinco años que había gozado de salidas fuera del centro penitenciario no había protagonizado incidente alguno de ningún tipo.

En el mismo auto, el juez acordó que este hombre abonara una cantidad de 300 euros mensuales en concepto de responsabilidad civil. Pasado el plazo legal establecido, el auto se convirtió en firme ya que el Ministerio Fiscal tampoco recurrió la resolución judicial adoptada, ha aclarado el TSJA en una nota de prrensa.

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