La política de "seguridad democrática” se fundó en agosto de 2002 en el Batallón La Popa de Valledupar, departamento del Cesar, en donde se produjeron al menos 146 ejecuciones extrajudiciales mientras era comandada por el coronel Publio Hernán Mejía, quien se sometió a la JEP, aunque no reconozca la autoria de estos crimenes por los que fue condenado en la justicia ordinaria. Uribe nombró en febrero de 2006 al general Mario Montoya Uribe como comandante del Ejército para aumentar los resultados operacionales. Sobre esos oficiales del Ejército existen acusaciones de ejecuciones extrajudiciales para inflar las cifras de resultados de la “seguridad democrática”.
